CUBA: MINORITY REPORT

La célebre película de Spielberg basada en el relato homónimo del escritor de ciencia ficción Philip Kindred Dick tiene como hilo argumental la existencia de una unidad policial capaz de combatir a los potenciales criminales antes de que puedan delinquir, el futuro se puede predecir con la ayuda de unos seres con poderes psíquicos.  Si ponemos en un buscador de Internet la palabra predelictivo, da igual el género o número gramatical que se use, los primeros resultados no están relacionados con esa ficción tan inquietante sino con Cuba, una referencia a la isla, más inmediata incluso que poner  Revolución, Socialismo o Comunismo, que da una medida de la singularidad de esta conexión. Y es que el código penal cubano en el artículo 72 contempla la figura jurídica  de Estado Peligroso: Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.  Esa proclividad al delito puede sancionarse hasta con cuatro años de privación de libertad.

En Cuba existe la presunción de inocencia, a pesar de no estar incluida en la Constitución- lo más habitual por tratarse de un derecho  de primer orden-, contemplada en la ley de procedimiento penal, artículo 3, del siguiente modo: Se presume inocente a todo el acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos. Lo de “todo delito debe ser probado” parece no incluir al “predelito” que ya está demostrado “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Es tan grave predelinquir, que la condena  (hasta 4 años) es mayor que el delito real de desorden público, por poner un ejemplo: puede incurrir en ello quien con un arma o cualquier material explosivo profiera amenazas en público con el fin de crear pánico; entonces se le podrá condenar a un máximo de tres años.

Para rematar tanta arbitrariedad  podemos detenernos en lo de “moral socialista”. No existe un Catecismo socialista donde se recopilen las actitudes y pensamientos pecaminosos o virtuosos, estos son de libre interpretación, pero no por los ciudadanos que podrían equivocarse sin saberlo, predelinquir y en consecuencia  acabar con sus huesos en la cárcel, sino por la autoridad: policías, jueces o fiscales. Su indefinición no es un lapsus del sistema, es su razón de ser, algo que se pueda cambiar sobre la marcha según las circunstancias,  un comodín que lo mismo sirve para reprimir a prostitutas, homosexuales, vagos, maleantes,  opositores políticos o artistas díscolos  entre otros; aunque la conducta social que los define  no este tipificada como delito, pero sí su proclividad a delinquir.

En Derecho uno de los extremos de obligado cumplimiento para no quebrantar la presunción de inocencia es el imperativo para la parte acusadora de presentar una prueba de cargo que determine la culpabilidad del acusado, pero eso cómo se hace cuando el acusado aún no ha cometido ningún delito: se construye pieza por pieza. Cuando una joven pasea con un ciudadano extranjero la policía le toma los datos y si se tropieza con ella en otra ocasión en la misma tesitura ya puede hacerle una “advertencia policial” sobre su estado potencialmente predelictivo, tal y como reza el articulo 75 del código penal. Estas advertencias ya sirven de prueba de cargo para cuando se le acuse formalmente de peligrosidad y se le enjuicie por ello. El procedimiento es el mismo para acosar a homosexuales reunidos en lugares de “ambiente” u opositores  políticos que se junten en un domicilio particular, bastará la delación de algún vecino ante la policía de que allí se trama algo. La peligrosidad social también se adquiere por contagio  si te relacionas con predelincuentes. Una realidad como el estado policial cubano supera con creces la ficción de Minority Report donde los seres con capacidades precognitivas, los Precogs, están en todas partes, visten de color azul y se mueven en patrullas.

Enrique García Mieres.

Anexo: Apuntes sobre lo que puede entender como Moral Socialista. En la sección de Comentarios.

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FUERA DE LA LEY

En el neolenguaje que practica el régimen  cubano  términos como Revolución, Cuba, Gobierno, Pueblo, Estado y sus respectivas conjugaciones son intercambiables según convenga al discurso demagógico que emana del poder, y a la necesidad que este tenga de diferenciarse o equiparse al sistema político vigente en otros países. Un recurso nominal para, por ejemplo, reclamar que en Cuba no existe una dictadura pero tampoco una democracia convencional. Otro recurso de la gramática revolucionaria para escamotear su esencia es la adjetivación, allí donde aparece dictadura “proletaria” pierde el sustantivo su significado peyorativo, y si agregan “socialista” a los derechos ciudadanos estos quedan acotados a los intereses del régimen. Con estos requisitos semánticos no es conveniente emprender un debate con los revolucionarios sobre la naturaleza totalitaria del Gobierno-Revolución-Estado-Cuba; así que probemos un enfoque diferente.

Las leyes cubanas, comenzando por la ley fundamental, la Constitución de 1976, están diseñadas para garantizar la supervivencia del régimen, desobedecerlas significa colocarse en la ilegalidad, fuera de la ley, dando por sentado que ilegal no es lo mismo que ilegítimo en el plano moral. Hasta aquí es igual que en una Democracia, salvando las diferencias de contenido en cuanto a libertades, obligaciones y garantías. En apariencia, para los revolucionarios, se trata de un asunto de interpretación, ya que Cuba usa sus propias definiciones, tal y como reflejamos anteriormente sobre el lenguaje revolucionario. En una Democracia el Derecho, la ley, es la base y el límite de la actividad del Estado. Fuera de la ley, del Estado, se encuentra el individuo libre, con la porción  de libertad que no es necesaria comprometer en interés de la convivencia en sociedad,  el tamaño de esa porción en la orilla del Estado es un  indicador del margen de libertad que se tiene aún a pesar de una legislación opresora. Entonces cabe preguntarse cuánto Estado, Gobierno o Revolución hay fuera de la ley o cuánto espacio individual hay fuera del Estado.

La respuesta en el caso del sistema político cubano es evidente: hay muchísimo Estado fuera de la ley, mucho Estado fuera de los límites que tienen las democracias con Estado de Derecho. Sumado al de por sí enorme tamaño del Estado “legal” deja reducida la libertad individual poco más  que a la intimidad, ya que lo colectivo propio de la sociedad civil es parte de ese otro Estado paralelo que también, y por ser frecuente en el uso coloquial cubano, podemos llamar la cosa “oficial”. Ese Estado, sin jurisprudencia que lo avale, ordena y configura la vida de los ciudadanos, lo que tienen que hacer, pensar y decir para poder existir sin contratiempos, coacción o castigo.

En un Estado democrático, y aplicable a cualquier sistema político, existen dos formas conocidas de desobediencia a las normas jurídicas: la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Ambas suponen la transgresión no violenta  de una o varias normas sin pretender atentar contra el conjunto. La objeción supone substraerse al cumplimiento de la norma por entrar en conflicto con las convicciones morales o religiosas pero sin intención de derogarla, es un acto íntimo, mientras que la desobediencia es pública y manifiesta, con la vocación política de que se deroguen las leyes en cuestión. En las dos se suelen aceptar la sanción  impuesta por la ley. Cuando la objeción de conciencia está permitida y regulada por la ley, más que objeción debería llamarse opción de conciencia.

Parece lógico pensar que si hay dos Estados en Cuba,  discrepar o enfrentar al que está fuera de la ley no debería tener consecuencias legales, porque no se desobedece ni objeta una norma jurídica. ¿Qué utilidad tendría desobedecer o negarse a participar de ese Estado fuera de la ley, si aún queda el otro Estado con su jurisprudencia opresora? Cuantiosa, porque  sería reducir el régimen a una  burda dictadura policial sin que la sociedad civil le haga el trabajo sucio, porque meter en la norma jurídica todo ese otro Estado, hacerlo obligatorio, no se ha visto jamás en la historia del despotismo, y sobre todo porque la persona por fin podrá desarrollar su individualidad justo hasta la orilla de la ley, y no se tendrá allí, querrá cambiar la ley. Por algo hay que empezar y hacerlo fuera de la ley, no el sentido de ilegal sino sin consecuencias legales, para enfrentar a la parte del Estado que la sobrepasa, es posible y sin riesgo penal.

Enrique García Mieres.

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CUBA: PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

La organización Transparencia Internacional (TI) ha publicado recientemente su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en la que Cuba aparece en el puesto 61 con una puntuación de 4.2 sobre un máximo de 10. Aunque sea una nota de suspenso ya la quisieran para sí muchos países del entorno latinoamericano, una región especialmente corrupta, además supera a un país como Italia que aparece en el lugar 69. Entonces cabe preguntarse por qué el gobierno cubano no presume de datos, ni siquiera  una pequeña mención en sus medios informativos; que incluso le sería útil para validar las campañas anticorrupción que han emprendido en los últimos tiempos. Pero no, Cuba es diferente, admitir este índice donde el país no aparece como el campeón mundial de la honradez, y que la supuesta moral socialista es al menos tan corrupta como cualquier otra es algo que no se pueden permitir.

El IPC se elabora a partir de lo que perciben los expertos, una ponderación de las opiniones que proporcionan fuentes tan solventes como Freedom House, la Fundación Bertelsmann, Political Risk Services, entre otras; y no  a partir de datos empíricos como enjuiciamientos o investigaciones,  precisamente por su naturaleza ilegal y encubierta. Esta particularidad tampoco debe parecerle bien al gobierno cubano acostumbrado a ser la única fuente de información ante instituciones internacionales. Y para rematar, el estudio se centra en la corrupción del sector público, la modalidad en la que intervienen funcionarios, empleados públicos y políticos, lo que deja muy poco margen para buscarse un chivo expiatorio en el sector privado como agente corruptor, ya que este tiene una presencia casi testimonial en el conjunto de la sociedad cubana.

El responsable de TI para América, Alejandro Salas en una entrevista a la prensa colombiana trató de explicar la contradicción  de que Cuba siendo un régimen autoritario carente de transparencia institucional, independencia de poderes y acceso de la ciudadanía a la información- justo lo contrario a lo deseable para combatir la corrupción según las propias recomendaciones de TI- no sacase un resultado tan negativo, respondió que Cuba era la excepción que confirma la regla, y se quedó tan ancho. En el terreno de las conjeturas supuso que en esa mejora de percepción algo tendrían que ver las señales de apertura de Raúl Castro; claro que los últimos  años  también gobernaba él y las notas  entre 2006 y 2010 oscilaron según esta serie: 3.5; 4.2; 4.3; 4.4 y 3.7. La excepcionalidad cubana, que evidentemente la hay, probablemente esté relacionada con las preguntas que se le hacen a los expertos y no con la refutación poco seria de la paradoja. Preguntas abarcadoras para un estándar internacional pero que para Cuba no tienen mucho sentido. También influye el numero de fuentes, en el caso cubano se usaron cuatro (el mínimo necesario para incluir al país en el IPC es de tres) y en India once, por poner un ejemplo.

Evaluar aspectos como la financiación de partidos, declaración de bienes de los ciudadanos, acceso de los medios a la información, si son sancionados los políticos o empleados públicos corruptos, rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, transparencia de los presupuestos del Estado, auditorias independientes, no se pueden correlacionar con el sistema político vigente en Cuba, donde sencillamente no están presentes tales supuestos. Así las cosas es probable que estos expertos hayan marcado más la opción de “no sabe, no contesta” antes que medir la calidad de algo inexistente. En el caso cubano donde hay un solo partido, no se discuten los presupuestos del Estado, los diputados del parlamento tienen un papel decorativo, los medios informativos son parte del gobierno, y ni siquiera se reconocen los impuestos como fuente de financiación pública porque la gratuidad de los servicios es un supuesto regalo del gobierno y no el dinero de todos, habría que inventarse un índice nuevo donde los expertos en países comunistas respondan a otras preguntas diferentes del patrón mundial, eso sí, serían unos expertos muy exóticos.

Transparencia Internacional realiza otro estudio donde se les pregunta directamente a los ciudadanos por la corrupción en su país, se publica como Barómetro Global de la Corrupción (BGC), pero Cuba no esta incluida en las encuestas. Para hacerse una idea de cómo cambia la percepción entre expertos y ciudadanos, tenemos el ejemplo de Chile con un IPC de 7.2 y un envidiable puesto en el lugar 22, superior a Francia (IPC 7.0), donde un 22% de sus ciudadanos reconocen haber pagado sobornos durante el último año mientras sólo lo hacen un 7% de franceses. Dada la singularidad cubana, para tener una percepción real sobre la corrupción además de preguntas “elevadas” a los ciudadanos sobre la calidad de las instituciones habría que introducir algunas más prosaicas sobre el absurdo cotidiano, algo así como si  en el último mes usted o algún conocido desvió o disfrutó de bienes y servicios del sector público para subsistir.

Este tipo de análisis de organizaciones internacionales, al margen de la interpretación que haga el gobierno cubano, en muchas ocasiones le benefician en la medida en que estandariza al régimen, confundiendo lo verosímil con lo verídico, pensar en que el país podrá ser más o menos corrupto  crea la ilusión de que también dispone de  la mayoría de  instituciones democráticas, formales o efectivas, cuya calidad se está evaluando.
Enrique García Mieres.

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Ágora

En el mes de Agosto de 1991, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Escalona declaró en conferencia de prensa que Cuba podría estar preparada para abrirse al multipartidismo si Estados Unidos ponía fin a su hostilidad hacia la isla; y añadió que no hay una razón filosófica que impida la coexistencia del socialismo y un sistema multipartidista. En cualquier caso, ese asunto no estaría en la agenda del Cuarto Congreso del Partido que se celebraría a finales de aquel año. Han pasado cuatro lustros hasta el congreso que finalizó recientemente y ese asunto sigue sin estar en la agenda política.

Es de aborrecer que la pluralidad partidista se convierta en rehén de lo que el gobierno considera estratégico en los contenciosos que mantiene en política exterior, pero no creo que ese sea el meollo de la democracia en Cuba.

Del mismo modo que los procesos electorales cubanos sólo son un ejercicio de participación no de elección entre diferentes programas o propuestas, la presencia de varios partidos seria estéril porque ambas expresiones democráticas: elecciones y multipartidismo; están condenadas al fracaso por la ausencia de un parlamento operativo. La Asamblea Nacional de Cuba sòlo se reúne en dos plenos cada año para hacer de comparsa al Poder Ejecutivo, y no para controlar la labor de este mediante las interpelaciones de los diputados, carecer de peso en la función presupuestaria, enmendar o vetar leyes, etc.
Es un despropósito que un sistema de gobierno, que se llame así mismo democrático, defina las políticas de interés general en el congreso del Partido Comunista, haciendo patente la inutilidad de la Asamblea.

Exigir una política realmente parlamentaria debería ser el caballo de batalla de todos los cubanos que no se sientan a gusto con el status quo vigente, independientemente de sus filias y fobias ideológicas, porque es en el Parlamento de todos, no en el de los militantes, donde puede influir en su futuro como persona: en cuánto se va a gastar en educación, salud, alcantarillas y demás, proponer leyes que se adecuen a sus intereses económicos o libertades políticas. Es en el ejercicio de esa democracia parlamentaria donde se verá la necesidad de los partidos u otras formas de organización como un medio para canalizar intereses comunes. La presencia de varios partidos en un parlamento disfuncional es más de lo mismo, y podría convertirse en una coartada eficaz para aplazar la verdadera democracia.

Enrique Garcia Mieres.

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Un gasto social Pinocho

 Los números:

El gasto social en América Latina ha experimentado un aumento significativo en los últimos tiempos pasando de un 12% del PIB en el periodo 1990-1991 al 18% en 2007-2008; y si lo comparamos con el gasto público total, la parte correspondiente al gasto social ha aumentado de un 45% al 65%. Hay enormes diferencias entre unos países y otros, algunos como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay no sobrepasan los 200 dólares per cápita y otros como Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay superan los 1000 dólares. Como es de suponer, cuando se trata de variables sociales, Cuba es el campeón del gasto social superando los 1500 $ y el 40% del PIB dedicado a ese fin (datos del 2008), solo Argentina y Uruguay tienen un gasto monetario mayor pero no le superan en relación con el PIB (25%). Ante estas estadísticas tan abrumadoras surge la pregunta de cómo lo hacen. ¿Son reales esos números o estamos ante otra interpretación particular, a la cubana, de las reglas del juego mundialmente aceptadas, tal y como ocurre en otros ámbitos?

Por supuesto que estos datos, recogidos por la CEPAL y cuya única fuente es el propio gobierno cubano, están calculados sobre la base de la paridad oficial de un peso por dólar que es el criterio utilizado para calcular todos los indicadores económicos. La razón de por qué es así, y lo que es aún más sorprendente el por qué organismos internacionales lo dan por bueno, es un misterio; porque de más está decir que la realidad es muy diferente.

Si intentamos un tímido ejercicio de corrección podemos ilustrar como esos indicadores no tienen ningún valor real. El gasto social comprende sectores como educación, salud, seguridad social, cultura, deportes y la canasta básica de alimentación. Conociendo que en educación y salud hay cerca de 1.3 millones de empleados y que el salario medio ronda los 400 pesos, también que hay 1.6 millones de pensionistas con una pensión media de 220 pesos; resulta un gasto por estos conceptos de mas de 10 mil millones de pesos, es decir 950 pesos per cápita. Esta cifra ya supone un 60% de ese gasto social que tan orgullosamente pasea el gobierno cubano en las instituciones latinoamericanas. Con algo de paciencia se podrían buscar los asalariados que hay en los otros sectores incluidos en el gasto social, pero con este ejercicio es suficiente para hacernos una idea de lo falseadas que están estas estadísticas, porque esos 950 pesos (convertidos por arte de magia en 950 dólares) son en realidad 40 dólares contante y sonante (aplicando el cambio oficial de 24 pesos por dólar).

Después de este ejercicio y demostrar que el 60% del gasto social real es de 40 dólares me temo que el total no superara las cifras de los que menos invierten, es decir que Cuba pertenecería al grupo de países que no alcanzan los 200 dólares. Aun podríamos afinar un poco más la aproximación conociendo que el gobierno invierte cerca de 1000 millones de dólares (estos sí con divisas de verdad) en subvencionar la canasta básica de alimentos lo que supone incrementar en 90 dólares por habitante el gasto social. Menos mal que aun no han caído en la tentación de convertir esos dólares de verdad en dólares de mentiritas pasándolos primero a pesos y luego a divisas uno por uno, porque de lo contrario el gasto social llegaría a los 4 mil.

Si a otros países se les permitiera una paridad oficial similar entre sus monedas locales y el dólar tendrían unos datos de gasto social igual de maquillados para sacarlos a pasear por el mundo.

El truco social:

Es obvio que un gasto social real tan escaso no explica el hecho de que Cuba goce de un sistema de prestaciones sociales mucho más completo que el de los países vecinos, entonces cómo aclarar este embrollo. Quizás comenzando por plantear si en realidad estamos solamente frente a un gran gasto social y un Estado benevolente o ante un orden social diferente forzado por el propio Estado. Si un médico atiende por casi nada (20$) a los hijos de un profesor que cobra casi nada (15$) por enseñar a los nietos de un jubilado que cobra una pensión de 9$; y todos tienen al Estado como único pagador, más que un gran gasto social nos encontraríamos con una gran retención impositiva (esto seria con los parámetros normales de una sociedad de mercado) o algo aun más exótico, y me temo que bastante ajustado a la realidad, como una sociedad de trueque de servicios donde todos trabajan por salarios simbólicos, y los empleos son casi una terapia ocupacional más que un modo de vida.

¿Será este el aporte cubano al mundo, su modelo de Estado del Bienestar? ¿Logrará Cuba, con sus buenas artes diplomáticas, convencer al resto de países pobres que el indicador del gasto social no es significativo, y debería sustituirse por el de trueque social obligatorio? Es posible, todo dependerá de lo apocalíptico que sea el cambio climático.

Enrique García Mieres.

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